¿Otra vez a crédito? Yucatán pide resultados, no mas promesas.
En Yucatán parece haberse instalado una peligrosa costumbre: cuando un gobierno no alcanza para resolver los problemas, se pide prestado; cuando termina el gobierno, la deuda se queda y la responsabilidad se diluye.
Ahora le toca a Joaquín Díaz Mena.
El Congreso del Estado autorizó un financiamiento de hasta 1,562 millones de pesos para el llamado Plan Bienestar Metropolitano, con recursos destinados, entre otros rubros, a agua potable, seguridad y movilidad.
La pregunta no es si Yucatán necesita agua, seguridad o mejores vialidades.
¡Por supuesto que las necesita!
La pregunta es mucho más incómoda:
¿Cuántas veces vamos a pagar por las mismas promesas?
Porque ésta no es la primera vez que un gobernador solicita miles de millones de pesos con el argumento de que ahora sí se resolverán los grandes problemas del estado.
Rolando: el Escudo que no terminó de blindar a Yucatán
Durante el gobierno de Rolando Zapata Bello se contrató deuda para poner en marcha Escudo Yucatán, bajo la promesa de fortalecer la seguridad mediante tecnología, infraestructura y equipamiento.
Se habló de blindar al estado.
Pero el tiempo pasó y la pregunta sigue vigente:
¿Dónde está ese blindaje cuando los ciudadanos continúan reclamando mayor seguridad?
Porque si después de invertir alrededor de 1,500 millones de pesos seguimos hablando de inseguridad, entonces alguien debería explicar qué funcionó, qué no funcionó y cuánto costará volver a invertir en lo mismo.
No puede ser que cada seis años descubramos que la tecnología anterior ya no sirve, que las patrullas necesitan renovarse, que las cámaras deben actualizarse y que nuevamente necesitamos millones para “modernizar” la seguridad.
¿Entonces qué compramos la vez anterior?
¿Tecnología?
¿O tecnología con fecha de caducidad política?
Vila: miles de millones para la modernización
Después vino Mauricio Vila.
Su administración también recurrió al crédito para grandes proyectos.
Yucatán Seguro, con una autorización de hasta 2,620 millones de pesos.
El IE-TRAM, con hasta 1,735 millones.
Y el proyecto del Puerto de Altura de Progreso, con hasta 3,063 millones.
El discurso era prácticamente el mismo: modernizar Yucatán, transformar la infraestructura, mejorar la movilidad y fortalecer la seguridad.
Y nuevamente aparece la pregunta que parece convertirse en una especie de tabú:
¿Cuál fue el resultado real de todo ese endeudamiento?
Porque modernizar no significa solamente inaugurar.
Modernizar significa que las inversiones funcionen durante años.
Y en materia tecnológica, el asunto todavía es más delicado.
El propio Gobierno de Yucatán ha tenido que informar sobre incidentes relacionados con malware, phishing e ingeniería social, aunque aclaró que no se trató de una intrusión a sus servidores y bases de datos.
Entonces la pregunta debe ser todavía más exigente:
¿Qué garantías existen de que los millones destinados a seguridad tecnológica están realmente protegiendo la información y los sistemas gubernamentales?
No basta con comprar cámaras.
No basta con comprar computadoras.
No basta con instalar software.
Hay que demostrar que funcionan.
Y ahora Huacho
Hoy el gobernador Joaquín Díaz Mena pide otros 1,562 millones de pesos.
Y aquí es donde la ciudadanía tiene todo el derecho de desconfiar.
Porque el saldo de la deuda estatal ronda los 9 mil millones de pesos.
Y mientras los gobiernos hablan de “finanzas sanas”, “capacidad de endeudamiento” y “tasas favorables”, hay un pequeño detalle que nunca debe olvidarse:
la deuda no la paga el gobernador.
No la paga el secretario de Finanzas.
No la paga el diputado que levantó la mano.
No la paga el dirigente partidista.
La paga el ciudadano.
La paga el trabajador.
La paga el empresario.
La paga el comerciante.
La paga el joven que todavía ni siquiera vota.
La pagan las futuras generaciones.
Y aquí está lo verdaderamente preocupante:
los políticos gastan el dinero hoy y los ciudadanos pagan mañana.
¿Y si los resultados vuelven a no llegar?
Esta es la pregunta que debería estar haciendo el Congreso.
No solamente:
“¿Podemos endeudarnos?”
Sino:
“¿Qué garantía tenemos de que este dinero sí va a resolver el problema?”
Porque si dentro de seis años otro gobernador llega al Palacio y dice:
“Necesitamos otros 2 mil millones para modernizar la seguridad”…
¿Entonces qué ocurrió con los miles de millones anteriores?
Si nuevamente se solicita dinero para agua potable:
¿Dónde quedaron las inversiones anteriores?
Si nuevamente se pide crédito para movilidad:
¿Qué pasó con lo que ya se pagó?
Y si nuevamente se pide dinero para tecnología:
¿Por qué tenemos que volver a comprar lo que supuestamente ya habíamos modernizado?
Ése es el punto que parece que nadie quiere discutir.
La deuda también tiene consecuencias políticas
Y hay una coincidencia que tampoco debería pasar inadvertida.
Después del gobierno de Rolando Zapata, el PRI perdió la gubernatura en 2018.
Después del gobierno de Mauricio Vila, el PAN perdió la gubernatura en 2024.
No estamos diciendo que hayan perdido exclusivamente por contratar deuda.
Sería simplista y políticamente irresponsable afirmarlo.
Pero sí existe una lección:
los ciudadanos terminan calificando a los gobiernos.
Y cuando llega la elección, no votan solamente por los discursos.
Votan por lo que vivieron.
Por la seguridad.
Por los servicios.
Por la movilidad.
Por el agua.
Por el empleo.
Por la economía familiar.
Por si su colonia mejoró o empeoró.
Y sobre todo, por si las grandes obras y los grandes anuncios realmente cambiaron su vida.
Ahora la responsabilidad está en manos de Huacho.
Y si su gobierno quiere contratar deuda, tiene todo el derecho de explicar por qué.
Pero también tiene la obligación de aceptar que el ciudadano tiene derecho a exigir resultados medibles.
Ya no queremos cheques en blanco
El Congreso no debería convertirse en una ventanilla para autorizar préstamos cada vez que un gobierno presenta un proyecto.
Los diputados tienen que convertirse en verdaderos fiscalizadores.
Cada peso prestado debería tener nombre, apellido, destino, calendario y resultado.
Y cada obra debería tener una pregunta al final:
¿Funcionó?
Porque Yucatán no puede seguir viviendo bajo la lógica de:
“Primero pedimos prestado y después vemos qué hacemos.”
Ya basta de convertir la deuda pública en una herramienta política.
Ya basta de inaugurar obras como si fueran trofeos personales.
Ya basta de presumir inversiones millonarias sin explicar cuánto terminará pagando realmente cada ciudadano.
Y, sobre todo, ya basta de que cada administración llegue diciendo que ahora sí va a resolver lo que la anterior no pudo resolver.
Porque si después de Rolando vino Vila, después de Vila vino Huacho y seguimos necesitando miles de millones para seguridad, movilidad, agua y tecnología, entonces alguien tiene que aceptar que algo no se ha hecho bien.
Y ese “algo” no se puede esconder detrás de una presentación de PowerPoint, una ceremonia de inauguración o un boletín de prensa.
La ciudadanía necesita resultados.
Porque los gobernadores cambian.
Los partidos cambian.
Los diputados cambian.
Los funcionarios se van.
Pero la deuda permanece.
Y cuando llegue la factura, nadie le preguntará al ciudadano qué partido votó a favor del préstamo.
Simplemente tendrá que pagarla.
Yucatán no necesita gobiernos que sepan pedir dinero prestado.
Necesita gobiernos que sepan convertir cada peso prestado en resultados.
Porque pedir prestado es fácil.
Lo difícil es demostrar que valió la pena.