Las marchas realizadas el día de ayer, 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, dejaron nuevamente imágenes que generan debate público: monumentos históricos con pintas, edificios públicos intervenidos y consignas que reflejan la rabia acumulada de miles de mujeres. Para algunos sectores de la sociedad, estos actos representan una falta de respeto al patrimonio y al orden público; para otros, son la única manera de hacerse escuchar frente a un sistema que durante años ha sido incapaz de responder con eficacia a la violencia que enfrentan las mujeres.
La discusión no debería quedarse únicamente en las pintas o en los daños a monumentos. Ese es apenas el síntoma visible de un problema mucho más profundo. Lo verdaderamente preocupante es el tortuguismo institucional que persiste en las dependencias judiciales y ministeriales encargadas de investigar delitos contra las mujeres. Denuncias que se empolvan en escritorios, carpetas de investigación que avanzan con lentitud desesperante y procesos judiciales que parecen diseñados para desgastar a las víctimas.
En ese contexto, muchas mujeres sienten que el sistema les ha cerrado todas las puertas. Cuando la denuncia no avanza, cuando la justicia se posterga indefinidamente y cuando las autoridades se limitan a discursos cada 8 de marzo, la indignación se traslada a las calles. Las pintas y las protestas no nacen de la nada: son la expresión de un hartazgo social frente a una violencia que sigue presente y frente a una respuesta institucional que, en demasiadas ocasiones, resulta insuficiente.
Sin embargo, también es cierto que estas formas de manifestación generan un impacto que trasciende a las autoridades.
El patrimonio histórico pertenece a toda la sociedad, y cuando es intervenido o dañado, el debate se polariza y corre el riesgo de desviar la atención del problema central.
La discusión pública termina concentrándose en los monumentos y no en las mujeres que siguen esperando justicia.
Por ello, el verdadero desafío no es condenar o justificar las protestas, sino entender lo que las provoca.
Mientras no existan políticas públicas claras, eficaces y medibles para prevenir la violencia contra las mujeres, para investigar con rapidez las denuncias y para castigar a los responsables, las marchas seguirán siendo cada vez más intensas, y los gobiernos seguirán pasándose la bolita, o como algunos dicen patea la lata para la siguiente administración.
Las autoridades no pueden seguir reaccionando únicamente con operativos de contención, reparaciones o con declaraciones institucionales cada año. Se requieren acciones concretas: fiscalías especializadas que realmente funcionen, procesos judiciales ágiles, protección efectiva para las víctimas y estrategias integrales de prevención que ataquen las causas estructurales de la violencia.
El mensaje de las calles es claro. Las pintas en los muros no son el problema de fondo; son el reflejo de una justicia que muchas mujeres perciben como lejana, lenta o inaccesible.
Si el Estado no corrige esa realidad, cada 8 de marzo seguirá repitiéndose el mismo escenario: miles de mujeres gritando lo que durante años las instituciones no han querido escuchar. Porque cuando la justicia se retrasa, la protesta inevitablemente se adelanta.