En días recientes, ha comenzado a circular una práctica que, por decirlo suavemente, resulta inquietante. Al parecer, empleados de Elektra estarían siendo utilizados como brazo ejecutor de esquemas de cobranza que rayan en el acoso: más de 30 llamadas en un solo día a clientes que apenas rebasan 24 horas de atraso en sus pagos semanales, acompañadas de advertencias sobre intereses, recargos y consecuencias futuras.
No se trata ya de una estrategia comercial agresiva —eso sería quedarse corto—, sino de un mecanismo de presión que normaliza el hostigamiento como método de cobranza. Y lo más preocupante: se hace descansar esa práctica sobre los hombros de trabajadores que, lejos de diseñar la política corporativa, terminan siendo la cara visible del desgaste social.
La pregunta surge sola, incómoda pero inevitable: ¿esta urgencia por cobrar responde a una necesidad financiera inmediata? ¿Tiene relación con el hecho de que Ricardo Salinas Pliego haya realizado recientemente su primer abono millonario al SAT, en medio de adeudos fiscales largamente conocidos? No hay confirmación oficial que vincule ambos hechos, pero el contexto invita a la sospecha.
Porque cuando una empresa aprieta sin margen, cuando el retraso mínimo se convierte en excusa para el asedio, algo no cuadra. El cliente es presionado, el trabajador es expuesto y la empresa se lava las manos bajo el argumento de “políticas internas”. Una cadena de tensión que siempre se rompe por el eslabón más débil.
La cobranza no puede ni debe confundirse con persecución. Mucho menos cuando se normaliza la amenaza y se institucionaliza el miedo como herramienta financiera. Si la solvencia de un corporativo depende de acosar a quien se atrasó un día, el problema no está en el cliente.
Está en el modelo.
Y quizá —solo quizá— en una urgencia mayor que nadie quiere explicar con claridad.