El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, ofreció una conferencia de prensa para explicar las recientes renuncias en su gabinete. Habló de “falta de cohesión”, de “diferencias humanas” y de salidas en buenos términos. Sin embargo, más allá del discurso conciliador, los hechos retratan algo más profundo: un gobierno que desde su origen antepuso cuotas políticas a perfiles técnicos auténticos, recurriendo a credenciales poco confiables y experiencias administrativas muy cuestionables, con perfiles engañosos y antecedentes públicos de dudosa calidad.
En campaña y en la transición, la narrativa fue clara: reconocer a fundadores del movimiento, integrar a quienes “lucharon desde abajo” y abrir espacios a la base. El problema no es la lealtad; el problema es cuando la lealtad sustituye la capacidad. Hoy, las renuncias en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de Yucatán, donde salieron Alpha Tavera Escalante y Geovana Campos Vázquez tras la previa dimisión de Carmen Díaz Novelo, no pueden reducirse únicamente a “diferencias naturales”.
Cuando un equipo completo se fractura en menos de un año, no es un tema de carácter: es un problema de diseño.
A ello se suman otros movimientos que el gobernador evitó abordar con la misma claridad: la salida de Federica Quijano en Desarrollo Sustentable; cambios en áreas estratégicas como el Instituto Yucateco de Emprendedores; ajustes en el DIF; la salida de Wendy Aguayo en Comunicación Social; o el relevo de Rogelio Castro Vázquez en Bienestar. A esto se agregan enroques por presuntos malos manejos en dependencias culturales y educativas. Porque no también mencionar que hubieron puestos a nivel dirección que fueron removidos, como el caso de Aylin Alcántara, Enrique Alfaro Manzanilla, Victor Chi Trujeque, entre otros.
La pregunta es inevitable: ¿realmente se trató de errores aislados o fue el resultado de haber construido un gabinete con base en compromisos políticos y no en capacidades probadas?
Aquí emerge el fondo político. Joaquín Díaz Mena no es un improvisado; es un político con pasado panista que entiende perfectamente la lógica del poder. Cumplió, sí, con las cuotas internas, dio espacios a fundadores y liderazgos del movimiento. Pero una vez transcurrido el primer año, parece haber encontrado la coartada perfecta: los “problemas de cohesión” permiten desplazar a quienes ya no resultan funcionales y abrir paso a perfiles más cercanos a su círculo personal.
En otras palabras: primero repartió el pastel; ahora busca quedárselo completo.
La reconfiguración no solo implicaría fortalecer a su grupo más íntimo, sino también tender puentes con expriistas y actores tradicionales del poder que hoy se mueven cómodamente bajo nuevas siglas. Si esa es la ruta, estaríamos ante un giro pragmático que desdibuja el discurso original de transformación y reivindicación de las bases.
El riesgo es evidente: un gobierno que llega con la promesa de transformar viejas prácticas, pero que termina actuando bajo los mismos mecanismos de poder, genera una decepción aún más profunda. No se trata de defender a los funcionarios salientes ni de cuestionar la atribución legal del gobernador para modificar su gabinete. —esa es una atribución constitucional— sino de señalar que los errores de origen, hoy están pasando la factura.
Nombrar por lealtad y no por capacidad suele cobrar factura. Y cuando esa factura se usa como justificación para concentrar el poder, el costo es mayor.
El gobernador todavía tiene la oportunidad de probar que los cambios obedecen a una verdadera profesionalización del servicio público y no a un simple reacomodo de fuerzas internas.
De lo contrario, la narrativa será sencilla: las cuotas sirvieron mientras fueron útiles; después, estorbaron.
Al final, el movimiento se debilita, aunque el poder se fortalezca.