En Yucatán siempre se ha valorado la sobriedad en el servicio público. La ciudadanía espera funcionarios que trabajen, no que actúen; que resuelvan problemas, no que busquen reflectores. Por eso llama la atención —y también la crítica— la reciente actuación de Raúl Osorio Alonzo, actual Director General de Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán.
Antes de ocupar un cargo en la administración estatal, Osorio Alonzo era conocido por su trayectoria en la televisión, principalmente como conductor de programas de entretenimiento. Nada hay de reprochable en eso. La comunicación y la creación de contenido son actividades legítimas. El problema comienza cuando esa lógica del espectáculo se traslada al ejercicio del poder público.
El pasado lunes 9 de marzo, en pleno horario laboral —tiempo que pagan los ciudadanos con sus impuestos— el funcionario decidió grabar un contenido para su página de Facebook desde el Monumento a la Patria. En el video, visiblemente incómodo por las pintas realizadas durante las manifestaciones del 8 de marzo, expresa que le da pena ver el monumento en esas condiciones. Hasta ahí podría parecer una reacción personal.
Sin embargo, el mensaje toma otro rumbo cuando se detiene a resaltar que el gobierno ya estaba limpiando el monumento, como si el punto central fuera presumir la rapidez de la respuesta institucional.
Pero aquí surge la pregunta que muchos ciudadanos se hacen: ¿era ese realmente el tema que debía ocupar a un funcionario público en ese momento?
Porque si de generar contenido se trata, quizá sería mucho más útil para la sociedad que el propio Osorio Alonzo tomara su cámara y acudiera a entrevistar al titular de la Fiscalía General del Estado de Yucatán para preguntarle algo que sí preocupa profundamente a las mujeres y a la sociedad en general:
¿Cuántas denuncias por violencia contra las mujeres se presentan diariamente en Yucatán?
¿Cuántas se reciben al mes y al año?
¿Cuántas de esas denuncias realmente se judicializan?
¿Y cuántos agresores terminan enfrentando la justicia?
Esas son las preguntas que la ciudadanía necesita escuchar respondidas.
Porque limpiar un monumento puede tomar unas horas. Pero limpiar la impunidad que rodea miles de denuncias por violencia contra las mujeres requiere voluntad política, transparencia y resultados.
La protesta del 8 de marzo no se explica por unas cuantas pintas en una pared de piedra. Se explica por años de expedientes que duermen en escritorios, por investigaciones que avanzan con lentitud y por víctimas que sienten que el sistema no las escucha.
Por eso, más allá de la anécdota del video, el caso abre una reflexión más profunda: los cargos públicos no son plataformas de autopromoción ni escenarios para producir contenido viral. Son espacios de responsabilidad.
Si un funcionario quiere comunicar, que comunique; si quiere informar, que informe. Pero que lo haga sobre lo verdaderamente importante.
Porque en Yucatán, lo que la sociedad espera de sus servidores públicos no es espectáculo si no resultados que benficie a la población.