La reciente discusión sobre la reforma electoral impulsada desde la Presidencia de la República ha dejado al descubierto una realidad incómoda dentro del bloque político que gobierna el país: no todos los aliados están dispuestos a sacrificar privilegios, aunque eso signifique darle la espalda al proyecto político que dicen respaldar.
La iniciativa respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum planteaba cambios de fondo que durante años la sociedad mexicana ha exigido: reducir el enorme financiamiento público a los partidos políticos y revisar el sistema de representación proporcional, mejor conocido como las diputaciones y senadurías plurinominales.
No se trataba de un capricho político. Era una discusión sobre el uso responsable de recursos públicos y sobre la legitimidad de quienes llegan al poder sin haber ganado una sola elección directa.
Sin embargo, los partidos que se dicen aliados del proyecto de transformación, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, reaccionaron con nerviosismo. Argumentaron que la reforma ponía en riesgo la representación de las fuerzas minoritarias e incluso hablaron del peligro de crear un “partido hegemónico de Estado”.
La realidad es mucho más simple: lo que realmente está en riesgo es el negocio político que durante años han construido gracias al sistema plurinominal.
Los plurinominales se convirtieron para muchos en un refugio político, una puerta trasera para llegar al poder sin pasar por el escrutinio ciudadano. Y ese sistema ha sido utilizado con maestría por políticos que han hecho carrera saltando de partido en partido sin rendir cuentas a los votantes.
Un ejemplo claro en Yucatán es Jorge Carlos Ramírez Marín, un político experimentado que ha transitado por distintas fuerzas políticas y cuya trayectoria legislativa ha estado marcada, en gran medida, por posiciones plurinominales tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Frente a esta discusión crucial sobre el futuro del sistema electoral, su silencio resulta ensordecedor.
Y en el ámbito local tampoco hay señales alentadoras. El dirigente del PT en Yucatán, Francisco Rosas Villavicencio, tampoco ha levantado la voz para respaldar una reforma que pretende limpiar un sistema que muchos consideran agotado. Por el contrario, su partido ha sido señalado reiteradamente por operar como una estructura cerrada donde el poder se concentra en un pequeño grupo familiar y político.
No son pocos quienes señalan que el PT en el estado se ha convertido prácticamente en una empresa política personal, donde los espacios y posiciones se reparten entre allegados, amigos y familiares.
Por eso la discusión de fondo es incómoda para muchos: si se reducen los recursos públicos a los partidos y se revisa el sistema plurinominal, también se reducen las oportunidades de mantener esos espacios de poder sin competir en las urnas.
La pregunta entonces es inevitable:
¿están defendiendo la democracia o están defendiendo sus privilegios?
La presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado una discusión que tarde o temprano el país tendrá que dar. México necesita partidos políticos fuertes, sí, pero también necesita representantes que tengan legitimidad ciudadana y que lleguen al poder por el voto directo de la gente, no por acuerdos cupulares.
Cuando los aliados se oponen a revisar un sistema que claramente beneficia a las élites partidistas, el mensaje que envían a la ciudadanía es claro: la transformación tiene límites cuando amenaza sus propios intereses.
Y ahí es donde comienza la verdadera traición política.