La crisis de gobernabilidad en Yucatán ya no admite matices ni discursos complacientes: es el resultado directo de decisiones políticas equivocadas y de un equipo que ha demostrado, una y otra vez, su incapacidad para sostener el control del estado.
El Secretario de Gobierno, Omar Pérez Avilés, no solo ha fallado en su función: ha renunciado en los hechos a ejercerla. La política interior no es un cargo decorativo ni un espacio para la improvisación. Es el eje de estabilidad del gobierno. Y hoy, ese eje está roto. No hay operación política, no hay lectura de riesgos, no hay interlocución eficaz. Hay vacío. Un vacío que se llena con protestas, reclamos y confrontaciones públicas que pudieron —y debieron— evitarse.
El Consejero Jurídico, Gaspar Alemany, por su parte, ha convertido el aparato legal en un factor de conflicto en lugar de una herramienta de समाधान. El caso de las tierras de Dzununcán no solo exhibe desconocimiento técnico, sino una alarmante incapacidad para traducir el derecho en soluciones reales. Cuando el área jurídica falla, el conflicto escala; cuando además carece de visión política, el problema se vuelve inmanejable.
Y en el caso del Subsecretario de Gobierno, Pablo Castro Alcocer, la situación es aún más grave: la función pública desplazada por intereses personales. La gobernabilidad no puede estar subordinada a notarías, cuotas ni favores. Cuando quien debería operar políticamente está distraído en construir redes propias, el resultado es abandono institucional.
Las consecuencias ya son inocultables. El Gobernador ha sido encarado por ejidatarios de Dzununcán, por maestros, por ciudadanos en distintos puntos del estado. No son hechos aislados: son síntomas de un gobierno sin contención política. Cada evento sin control previo, cada reclamo público, cada crisis que estalla frente a cámaras, confirma lo mismo: no hay quien esté haciendo el trabajo.
Y esto tiene un costo político creciente. Porque cuando la gobernabilidad falla, no se responsabiliza a los operadores: se desgasta la figura del Gobernador. Se erosiona su autoridad, se debilita su liderazgo y se pone en riesgo la estabilidad misma de su administración.
Aquí no hay espacio para simulaciones. Nombrar perfiles sin experiencia, sin oficio y sin compromiso no es un error menor: es una irresponsabilidad política. Y sostenerlos en el cargo, frente a resultados tan evidentes, se convierte en complicidad.
El mensaje es contundente: o hay un relevo inmediato en el equipo encargado de la gobernabilidad, o el gobierno seguirá transitando de crisis en crisis, acumulando desgaste y perdiendo control. La política no perdona la incapacidad, pero menos aún la terquedad de sostenerla.
Gobernar no es resistir los conflictos: es evitarlos. Y hoy, en Yucatán, nadie lo está haciendo.