Lo del Consejero Jurídico de Yucatán ya no es un tema de percepción: es un problema de simulación abierta.
Su reciente publicación sobre los “Diálogos con el Pueblo” encabezados por el gobernador Joaquín Díaz Mena no solo resulta hueca, sino profundamente ofensiva para quienes realmente han intentado acercarse a su oficina sin obtener respuesta. Habla de escuchar, de atender, de dar seguimiento… como si la repetición del discurso pudiera sustituir el cumplimiento de su responsabilidad.
Pero la realidad lo desmiente en su propia cara.
Mientras presume cercanía, hay ciudadanos que le reclaman públicamente algo elemental: que los atienda. Que responda. Que haga su trabajo. Y ni siquiera eso ha ocurrido. Un ciudadano tuvo que dejarle su número en redes sociales, esperando —casi suplicando— ser tomado en cuenta. Esa escena, por sí sola, desmonta todo el montaje discursivo que intenta construir.
Aquí no hay error menor ni malentendido. Hay una conducta clara: ignorar a la gente mientras se posa para la narrativa oficial. Eso no es falta de tiempo, es falta de voluntad. Y en el servicio público, la falta de voluntad es inaceptable.
Lo más grave es que el propio Consejero se exhibe: al hablar de “seguimiento real”, confirma que no lo hay; al hablar de “escuchar”, deja en evidencia que no responde; al hablar de “estar presentes”, demuestra que su presencia es únicamente cuando hay cámara, micrófono o línea política que repetir.
No es que se haya “mordido la lengua”. Es que quedó completamente rebasado por su propia incongruencia.
Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿para qué está en el cargo?
Porque si no atiende, si no responde, si no resuelve… ¿cuál es exactamente la función que está cumpliendo? El puesto de Consejero Jurídico no es decorativo, ni propagandístico, ni de acompañamiento en eventos. Es un cargo técnico, estratégico y de responsabilidad directa con la ciudadanía.
Hoy ya no basta con discursos reciclados ni con subirse a la narrativa del gobernador Joaquín Díaz Mena. Hoy lo que está en juego es su permanencia con legitimidad.
Porque cuando un funcionario pierde credibilidad, ignora a la gente y queda expuesto en su propia incongruencia, hay una salida digna: asumir la responsabilidad y hacerse a un lado.
No como un castigo político, sino como un acto mínimo de congruencia.
Si no puede escuchar, atender y cumplir —como él mismo presume— entonces no debería seguir ocupando un cargo que exige exactamente eso.