La política se define muchas veces no por lo que presume, sino por lo que calla. Y el caso de la entrega de nuevas patentes notariales en Yucatán comienza a dejar demasiadas preguntas incómodas alrededor del actuar del Consejero Jurídico del Estado, Gaspar Alemañy Ortiz.
El pasado 8 de mayo, Alemañy publicó en sus redes sociales un mensaje cargado de solemnidad institucional: habló de “certeza jurídica”, “cero tolerancia a irregularidades” y “fortalecer la seguridad jurídica en Yucatán”. Un discurso elegante, cuidadosamente redactado para aparentar legalidad, transparencia y compromiso con la ciudadanía. Pero detrás de esas palabras existe un tema que el funcionario evitó explicar: ¿por qué el Gobierno del Estado terminó aceptando sin resistencia real el polémico decreto emitido durante la administración de Mauricio Vila Dosal que redujo de 20 mil a 15 mil habitantes el criterio poblacional para crear nuevas notarías?
La discusión no es menor. Ese decreto abrió la puerta para aumentar el número de notarías antes de concluir el sexenio anterior, generando inconformidad e impugnaciones legales promovidas incluso por integrantes del propio Colegio de Notarios. Sin embargo, ya instalado el nuevo gobierno y teniendo mayoría política en el Congreso del Estado, existían caminos jurídicos y legislativos para revisar, modificar o revertir dicha disposición si realmente se consideraba irregular o perjudicial para la función notarial.
Pero no ocurrió.
Y ahí es donde comienza la sospecha política.
Porque resulta más sencillo salir en fotografías entregando patentes y hablando de “renacimiento” institucional que explicar por qué la Consejería Jurídica perdió la batalla legal o simplemente decidió no darla. Más aún cuando quien encabeza esa área presume ser garante de la legalidad, pero termina validando un esquema heredado que hoy beneficia a nuevos grupos de poder.
La pregunta que empieza a circular en los pasillos políticos es inevitable: ¿hubo incapacidad jurídica o hubo intereses políticos detrás? ¿Fue omisión, negligencia o una decisión previamente acordada?
Y en Yucatán nadie ignora las influencias internas que rodean al actual Consejero Jurídico. Su cercanía política y subordinación hacia Pablo Castro Alcocer y Dafne López Martínez ha sido tema recurrente dentro del propio aparato gubernamental. Por eso las dudas crecen cuando las decisiones terminan favoreciendo estructuras de control político y cuotas de poder que históricamente han rodeado al sistema notarial.
Porque el verdadero problema no es únicamente cuántas notarías se entregaron. El problema es la opacidad alrededor de las decisiones. La ciudadanía merece saber si las instituciones jurídicas del Estado están actuando con autonomía y responsabilidad o si únicamente obedecen intereses políticos disfrazados de legalidad.
Cuando un funcionario presume “cero tolerancia a irregularidades”, lo mínimo que debería ofrecer son respuestas claras. Porque en política, el silencio también puede interpretarse como complicidad.