El fracaso del IVEY tiene nombre: Felipe Cervera Hernández.
Hay funcionarios que resuelven problemas y hay funcionarios que los convierten en crisis. Lo ocurrido en San José Tecoh coloca a Felipe Cervera Hernández en la segunda categoría.
El bloqueo del Periférico de Mérida, las llantas incendiadas, el caos vial y la indignación social no son consecuencia del desalojo. Son consecuencia de la incapacidad política, administrativa y jurídica del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán para atender un conflicto que llevaba meses gestándose.
Un director del IVEY está obligado a anticipar los conflictos, construir acuerdos, abrir canales de diálogo y hacer valer el Estado de Derecho sin provocar una confrontación social. Nada de eso ocurrió.
Lo que sí ocurrió fue un operativo realizado de madrugada, cuando las familias dormían, proyectando la imagen de un gobierno que actuó con la fuerza que no supo sustituir con inteligencia política. El problema no fue únicamente el desalojo; el problema fue que el gobierno llegó demasiado tarde, cuando el conflicto ya había estallado.
¿Dónde estuvo Felipe Cervera durante todos esos meses? ¿Dónde estuvo su equipo jurídico? ¿Dónde estuvieron las mesas de negociación, las propuestas de reubicación, las alternativas de vivienda y la capacidad para contener un problema que era perfectamente previsible?
La realidad terminó desnudando al IVEY. Una institución creada para dar soluciones habitacionales terminó generando uno de los conflictos sociales más delicados de los últimos meses.
Y mientras el Periférico permanecía bloqueado y miles de ciudadanos pagaban las consecuencias, el costo político seguía aumentando. Porque cuando una dependencia fracasa, no sólo pierde su titular; pierde todo el gobierno.
La función de un servidor público no consiste en ordenar desalojos. Cualquiera puede recurrir a la fuerza pública cuando ya no queda otra salida. Lo verdaderamente difícil es evitar que las cosas lleguen a ese extremo. Ahí es donde se mide la capacidad de un funcionario. Y ahí es donde el IVEY reprobó.
Si jurídicamente el Estado tenía la razón, políticamente perdió el control del conflicto. Ganar un expediente y perder la gobernabilidad nunca puede considerarse un triunfo.
Felipe Cervera Hernández no puede escudarse únicamente en que se cumplió una orden o en que el predio era propiedad del Estado. La discusión pública ya no gira en torno a la legalidad del terreno; gira en torno a la evidente incapacidad para administrar un conflicto social sin provocar una crisis de grandes dimensiones.
Cada llanta incendiada, cada hora de bloqueo y cada ciudadano atrapado en el caos representan el costo de una gestión que reaccionó cuando ya era demasiado tarde.
El gobernador Joaquín Díaz Mena ha repetido que su administración representa un gobierno cercano a la gente y de transformación. Sin embargo, episodios como éste envían el mensaje contrario: instituciones rebasadas, funcionarios que llegan tarde y una política pública que termina sustituyéndose por patrullas y escudos.
Los gobiernos no se desgastan únicamente por los grandes escándalos. También se desgastan por la suma de funcionarios que no dan resultados.
San José Tecoh no es sólo un conflicto de tierras. Es un expediente que exhibe las debilidades de una institución que perdió la capacidad de prevenir, negociar y resolver.
Y cuando una dependencia encargada de brindar soluciones termina convirtiéndose en el origen de una crisis de gobernabilidad, la permanencia de sus responsables deja de ser un asunto administrativo y se convierte en una decisión política.
Porque un gobierno que aspira a gobernar con diálogo no puede conformarse con funcionarios que únicamente aparecen cuando llega el momento de enviar a la policía.