No fue un rumor ni una exageración de redes sociales. Ocurrió. El equipo de comunicación de la presidenta Claudia Sheinbaum fue asaltado en la carretera San Luis–Matehuala, una de las rutas más peligrosas del país. Les arrebataron celulares, efectivo y equipo de trabajo; algunos integrantes incluso sufrieron crisis nerviosas tras el ataque.
Lo verdaderamente alarmante no es solo el asalto, sino lo que vino después: el silencio. Hasta ahora, no hay un pronunciamiento oficial de la Presidencia de la República ni del secretario de Seguridad. Ninguna explicación, ninguna postura, ningún mensaje que reconozca los hechos ni que asuma la gravedad del contexto que los hizo posibles.
Y es ahí donde el tema deja de ser un incidente aislado para convertirse en un espejo incómodo de la realidad nacional.
Si esto le ocurre al equipo de la Presidenta —que se mueve con logística, rutas planeadas, avisos previos y cierto nivel de protección—, ¿qué le espera al resto del país? ¿Qué pueden esperar las familias, transportistas, estudiantes y trabajadores que salen todos los días a carretera sin escoltas, sin protocolos y sin garantías reales de seguridad?
La carretera San Luis–Matehuala no es una excepción: es un símbolo. Un tramo más de los muchos donde la inseguridad se normalizó, donde el riesgo se volvió parte del trayecto y donde el Estado parece llegar siempre después, si es que llega.
El silencio oficial no protege, no tranquiliza y no resuelve. Por el contrario, confirma una percepción que crece entre la ciudadanía: que la inseguridad se administra con omisiones y que, cuando el problema toca incluso a los círculos más cercanos al poder, se prefiere callar antes que reconocer la dimensión del desastre.
Hoy no se trata de un robo, se trata de un mensaje. Y mientras no haya una postura clara desde la Presidencia y desde la Secretaría de Seguridad, el mensaje que queda es brutalmente claro: en las carreteras de México, nadie está realmente a salvo.
Ni siquiera ellos.