La crisis del agua en Ciudad Caucel ya no admite discursos diplomáticos ni excusas técnicas. Lo que están viviendo cientos de familias en los fraccionamientos Las Herraduras I, II y III es una muestra clara de abandono institucional. Desde el sábado permanecen sin una sola gota en sus hogares. No es una falla menor: es la negación de un derecho humano fundamental.
Al frente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán está Francisco Torres Rivas. Y hoy la ciudadanía no pide favores, exige responsabilidad. La inacción, la falta de información transparente y la imagen indignante de fugas activas —como las reportadas en la calle 71, donde el agua corre por el pavimento mientras las casas están secas— evidencian una gestión rebasada o indiferente.
Hay que decirlo con claridad: si en esa zona viviera la familia del gobernador o del propio director de la JAPAY, el problema ya estaría resuelto. Ya habría pipas abasteciendo, cuadrillas permanentes trabajando día y noche y una explicación puntual a la ciudadanía. Cuando el poder siente el problema en carne propia, la solución aparece de inmediato. Cuando lo padecen colonias populares, la respuesta se diluye en comunicados tibios.
Director, póngase en el lugar de quienes no pueden asearse, de adultos mayores que requieren higiene constante, de madres y padres que no pueden cocinar ni limpiar, de trabajadores que regresan a casa sin poder cubrir lo más elemental. No estamos hablando de comodidad: estamos hablando de dignidad.
El agua no es un lujo ni una concesión política. Es un derecho humano reconocido y una obligación directa del Estado garantizarlo. Cuando una dependencia falla en su función más básica, el Gobierno del Estado no puede mirar hacia otro lado ni proteger cargos por encima de las personas. Debe intervenir de inmediato.
Ciudad Caucel no necesita tecnicismos ni promesas a futuro. Necesita soluciones inmediatas: abastecimiento emergente con pipas, reparación urgente de la red, supervisión directa y un plan serio para que esta crisis no vuelva a repetirse. Y si la incapacidad es evidente, también debe haber consecuencias.
Porque cuando el agua falta por días, lo que se seca no solo es la tubería: se seca la confianza ciudadana. Y esa, una vez perdida, es mucho más difícil de recuperar.