La gota que derrama el vaso: cuando un funcionario compromete al gobernador.
Lo ocurrido con el Consejero Jurídico de Yucatán, Gaspar Alemañy, va mucho más allá de una publicación en Facebook.
Que un funcionario de primer nivel califique públicamente al presidente de Colombia como “un bufón fascista” desde sus redes sociales puede parecer una opinión personal, pero cuando quien la emite forma parte del Gobierno del Estado y ha representado públicamente al gobernador Joaquín Díaz Mena, la frontera entre lo personal y lo institucional prácticamente desaparece.
Y aquí está el verdadero problema para el gobernador.
¿Cómo recibe esta expresión la Presidencia de la República? ¿Cómo la interpretará la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Y cómo será presentada por los medios nacionales?
Porque una cosa es que lo diga un ciudadano y otra muy distinta que lo haga un integrante del gabinete estatal. Los medios nacionales podrían convertir fácilmente una publicación personal en una noticia política: “Funcionario de confianza de gobernador morenista arremete contra presidente extranjero”.
Y entonces el problema deja de ser Gaspar Alemañy y empieza a llamarse Joaquín Díaz Mena.
Porque inevitablemente surgirá la pregunta: ¿el gobernador controla a sus funcionarios o cada uno habla y actúa por su cuenta?
Si Alemañy actuó sin autorización, el gobernador tiene un problema de control político y disciplina dentro de su gabinete.
Si lo hizo con autorización, el problema es todavía mayor.
Y si simplemente nadie se dio cuenta, nadie lo detuvo y nadie midió las consecuencias, entonces existe un problema de criterio institucional.
En cualquiera de los tres escenarios, el gobernador queda expuesto.
Yucatán no puede proyectar hacia el exterior una imagen de desorden político mientras su gobierno habla de un “Renacimiento Maya”. Un gobierno serio debe saber que sus funcionarios no solamente son responsables de lo que hacen dentro de una oficina; también son responsables de lo que proyectan públicamente cuando ocupan cargos de primer nivel.
El Consejero Jurídico debería ser sinónimo de prudencia, certeza y responsabilidad institucional.
No de polémicas internacionales.
Por eso esta publicación puede ser la gota que derrama el vaso.
Joaquín Díaz Mena tiene que decidir si sus funcionarios son parte de un proyecto de gobierno con una sola línea institucional o si cada uno tendrá libertad para convertirse en vocero de sus propias posiciones políticas.
Porque si el gobernador no puede controlar ni siquiera el comportamiento público de quienes ocupan los cargos más cercanos a él, entonces la pregunta inevitable será:
¿Quién gobierna realmente: el gobernador o sus funcionarios?
Y esa pregunta, si llega a los medios nacionales y a Palacio Nacional, puede resultar mucho más incómoda que la propia publicación de Gaspar Alemañy.