Hay declaraciones que, lejos de fortalecer la confianza institucional, la erosionan con una facilidad pasmosa. Eso es exactamente lo que ocurrió con el Consejero Jurídico de Yucatán, Gaspar Alemañy, tras presumir en redes sociales su asistencia al Congreso del Estado para escuchar el informe del fiscal.
En su publicación, Alemañy sostuvo que “estos ejercicios de rendición de cuentas son fundamentales para fortalecer la confianza en nuestras instituciones”. La frase, en apariencia correcta, se desmorona cuando se contrasta con la realidad cotidiana que enfrentan ciudadanos y profesionales del derecho en Yucatán. Porque la rendición de cuentas no se predica: se practica. Y ahí es donde el discurso oficial empieza a hacer agua.
Más aún, el Consejero fue más lejos al afirmar que en el gobierno del llamado “Renacimiento Maya”, encabezado por Joaquín Díaz Mena, existe claridad en la coordinación y cercanía con la gente para consolidar un sistema de justicia “más eficiente y con sentido humano”. Una declaración que no solo resulta cuestionable, sino que raya en lo irónico cuando, en el mismo espacio público donde se presume esa cercanía, un ciudadano le reclama directamente atención: “Amigo muy buenas sigo esperando me puedas atender… ojalá y tenga suerte”.
Ese breve mensaje, perdido entre la retórica institucional, dice más que cualquier informe. Exhibe la distancia entre el discurso y los hechos. Porque no se puede hablar de “trabajo cercano con la gente” cuando la propia gente tiene que suplicar ser escuchada en redes sociales.
Lo preocupante no es solo el contraste, sino lo que, según versiones internas, se comenta en los pasillos: que el Consejero evita atender incluso a jurídicos de otras dependencias. De ser cierto, no se trata de un caso aislado de mala atención, sino de una práctica sistemática que contradice de raíz la función pública que ostenta.
Un Consejero Jurídico no es una figura decorativa ni un vocero de frases hechas. Es, en teoría, el garante de la legalidad interna del gobierno, el puente entre la norma y su aplicación, y un facilitador institucional. Cuando esa figura se vuelve inaccesible, el daño no es menor: se paralizan gestiones, se entorpecen procesos y se debilita la confianza en todo el aparato gubernamental.
Y aquí es donde el costo político empieza a ser evidente. Porque más allá de las declaraciones, quien termina pagando las consecuencias es el propio gobierno estatal. La narrativa del “Renacimiento Maya” pierde credibilidad cuando sus propios funcionarios no pueden —o no quieren— sostener en la práctica lo que promueven en el discurso.
En política, la simulación tiene fecha de caducidad. Y cuando la incongruencia se vuelve pública, como en este caso, el desgaste es inmediato.
Si el objetivo real es fortalecer la confianza en las instituciones, el primer paso no es asistir a informes ni publicar frases bien construidas. Es abrir la puerta, contestar el teléfono y atender a la gente. Todo lo demás es, simple y llanamente, propaganda.