El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado compareció ante el Congreso como parte de la glosa del Primer Informe del llamado #RenacimientoMaya. En sus redes sociales aseguró que el actual gobierno ha marcado “un cambio profundo en la forma de ejercer el poder público desde la legalidad”, y que “la certeza jurídica puede construirse con rostro humano”. Las palabras, sin duda, suenan bien. El problema es cuando el discurso choca con la realidad.
Hablar de legalidad implica coherencia, transparencia y congruencia. Sin embargo, en temas sensibles como la aplicación de la Ley del Notariado y los señalamientos de fraude inmobiliario en Yucatán, la actuación de la Consejería Jurídica ha sido, cuando menos, cuestionable. No se ha informado con claridad qué medidas se han tomado, ni se ha percibido firmeza para garantizar que la ley se aplique sin distinciones. La certeza jurídica no se proclama: se demuestra con acciones concretas y con decisiones que no dejen lugar a sospechas.
Más aún, en el proceso de selección de magistraturas rumbo a 2025, han surgido señalamientos sobre presuntas decisiones “a modo”. El caso de la Magistrada Erika Beatriz Torres López ha generado comentarios en distintos sectores jurídicos, donde se señala que otros perfiles, como el del Licenciado Hernán Vega Burgos, contaban con trayectoria y méritos suficientes. Cuando la percepción pública apunta a favoritismos, la legalidad pierde fuerza moral, aunque formalmente se cumplan los procedimientos.
A ello se suma la inconformidad de titulares jurídicos de distintas dependencias estatales, quienes han manifestado falta de atención y coordinación desde la Consejería. Si la cabeza del sistema jurídico estatal no escucha ni articula a sus propios equipos, difícilmente puede sostener la narrativa de un derecho cercano y transformador.
Y en el terreno político-comunicativo, la crítica al Diario de Yucatán por un error entre “SEDE” y “CEDE” terminó convirtiéndose en una mofa innecesaria. Más que fortalecer la institucionalidad, ese episodio expuso al propio Ejecutivo a un desgaste mediático. El consejero jurídico debe ser factor de equilibrio, no de confrontación.
La legalidad con rostro humano no puede ser selectiva. El derecho como instrumento de transformación social exige imparcialidad, transparencia y prudencia. En tiempos donde la confianza pública es frágil, los funcionarios encargados de garantizar el estado de derecho deben ser los primeros en actuar con mesura, apertura y absoluta congruencia.
Porque en política, como en derecho, no basta con citar principios: hay que vivirlos.