Mientras Yucatán arde en conflictos, el Consejero Jurídico busca reflectores.
En un gobierno no basta con parecer ocupado; hay que demostrar resultados. Y esa es precisamente la exigencia que hoy enfrenta la Consejería Jurídica del Estado.
Mientras Yucatán acumula conflictos legales y políticos de enorme relevancia, la ciudadanía sigue esperando respuestas sobre los temas que realmente ponen a prueba la capacidad jurídica del Gobierno. Ahí están las controversias por las tierras de Dzununcán; el conflicto de Chichén Itzá; la discusión sobre los permisos en las dunas de Chuburná; las disputas relacionadas con desarrollos inmobiliarios y tierras ejidales; los conflictos agrarios en Tekax; y el seguimiento a las investigaciones derivadas de las presuntas irregularidades detectadas por la actual administración en el gobierno anterior.
Esa debería ser la agenda diaria del Consejero Jurídico. Esa debería ser su prioridad. Para eso fue nombrado.
Sin embargo, la percepción que comienza a instalarse es otra: *más presencia en los medios que explicaciones sobre los asuntos estratégicos del Estado.*
*Resulta difícil entender por qué un funcionario cuya responsabilidad es conducir la defensa jurídica del Gobierno dedica espacios públicos a temas que corresponden al Registro Civil, una institución que ha venido realizando, por conducto de su Director General y de su personal, el trabajo de acercar los servicios a las comunidades más alejadas de Yucatán.*
Garantizar el derecho a la identidad es una obligación del Estado y merece reconocimiento quien la ejecuta, no quien aparece para comentarla.
La pregunta es inevitable: ¿por qué hablar de logros ajenos cuando existen tantos asuntos propios que siguen esperando respuestas?
Los yucatecos quieren saber qué ha pasado con los expedientes relevantes, cuál es la estrategia jurídica del Gobierno y qué resultados concretos existen en los conflictos que ocupan la agenda estatal. Esas son las conferencias que hacen falta. Esas son las entrevistas que la ciudadanía espera.
*Porque la Consejería Jurídica no fue creada para administrar la narrativa pública. Fue creada para defender jurídicamente al Estado.*
En política, los cargos no se sostienen con entrevistas; se sostienen con resultados. Y cuando los resultados tardan en llegar, ninguna exposición mediática logra sustituirlos.
El gobernador Joaquín Díaz Mena enfrenta desafíos complejos que requieren operadores jurídicos de tiempo completo, concentrados en resolver problemas y no en proyectar una imagen de actividad. La mejor forma de respaldar al titular del Ejecutivo no es multiplicando apariciones públicas, sino entregándole soluciones.
Hoy la sociedad tiene derecho a exigir cuentas: ¿qué avances existen en los litigios prioritarios?, ¿qué resoluciones se han obtenido?, ¿qué acciones jurídicas han fortalecido la posición del Estado?, ¿qué resultados concretos puede mostrar la Consejería?
Las respuestas a esas preguntas pesan mucho más que cualquier entrevista.
*En el servicio público existe una regla sencilla: los reflectores nunca sustituyen a los resultados.* Y cuando un funcionario dedica más tiempo a explicar que trabaja que a demostrarlo con hechos verificables, la crítica pública deja de ser un asunto de percepción y se convierte en una exigencia legítima de rendición de cuentas.
Será que acaso pretende demostrar que si esta trabajando o será que escucha pasos en la azotea?
Al final, el juicio no lo emitirán los titulares de prensa ni las entrevistas. *Lo emitirán los resultados. Y esos, hasta ahora, son los que la ciudadanía sigue esperando.*