DEL CONGRESO A LA COCINA: CUANDO EL CURUL SE CONVIERTE EN CAMPAÑA
Hay una pregunta que los diputados locales de Yucatán deberían responder con absoluta claridad: ¿para qué fueron electos?
La LXIV Legislatura fue instalada para el periodo 2024-2027 y está integrada por 35 diputadas y diputados. Su función constitucional es legislar, fiscalizar, representar a la ciudadanía y participar en la solución de los problemas públicos. Por eso resulta legítimo cuestionar una práctica que cada vez genera mayor suspicacia: utilizar el nombre, la imagen y el cargo de diputado para promover jornadas de venta o entrega de alimentos con precios preferenciales.
No se trata de negar que una familia necesite comprar pollo, carne o alimentos baratos. El problema es otro: ¿es esa realmente la función de un legislador?
Un diputado no fue electo para convertirse en comerciante de alimentos por temporada. Tampoco para sustituir a quienes todos los días viven de preparar comida, vender alimentos, hacer antojitos, ofrecer productos en sus colonias o sostener pequeños negocios familiares.
Porque mientras un comerciante paga renta, luz, gas, insumos, impuestos y salarios para sobrevivir, un legislador dispone de una plataforma pública, difusión política y una estructura institucional que puede darle una ventaja de promoción que un pequeño vendedor difícilmente tiene.
Ahí está el verdadero debate.
Si quieren ayudar a la economía familiar, que utilicen el poder legislativo para algo mucho más trascendente.
Que impulsen leyes que mejoren las condiciones de quienes tienen bajos ingresos.
Que gestionen políticas públicas de alimentación.
Que promuevan empleo y capacitación.
Que defiendan a los pequeños comerciantes.
Que impulsen mecanismos para fortalecer los ingresos de las familias.
Que fiscalicen los programas sociales.
Que exijan resultados a los gobiernos estatal, federal y municipales.
Que legislen para quienes trabajan todo el día y aun así no consiguen que el dinero alcance.
Porque una bolsa de pollo barata se consume en unos días; una buena política pública puede beneficiar a una familia durante años.
Y aquí aparece además una cuestión electoral que no debería ignorarse.
La legislación electoral de Yucatán contempla como infracciones la realización anticipada de actos de precampaña o campaña y los actos de promoción previos al proceso electoral, aunque la sola realización de una jornada de alimentos no permite afirmar automáticamente que exista una infracción electoral: eso dependería de sus características, finalidad, temporalidad y de lo que determine la autoridad competente. �
Instituto Electoral de Yucatán +1
Pero políticamente la pregunta permanece:
¿Dónde termina la ayuda social y dónde comienza la promoción personal?
Cuando la fotografía del diputado está al frente, cuando aparece su nombre, su cargo, sus redes sociales y su imagen asociada al beneficio, es razonable que la ciudadanía pregunte si estamos frente a una acción social, una estrategia de posicionamiento político o ambas cosas.
Y esa es precisamente la parte incómoda.
Los diputados no necesitan convertirse en vendedores de comida para demostrar que trabajan. Necesitan demostrarlo con leyes, resultados, fiscalización y gestión pública.
Porque Yucatán no necesita diputados que compitan con quienes se ganan la vida vendiendo comida.
Necesita diputados que hagan su trabajo.
Y si realmente quieren ayudar a las familias, que no les vendan solamente una bolsa barata de pollo.
Que legislen para que mañana esas familias tengan un salario que les permita comprarla sin necesitar que un diputado se las ofrezca.