Rafael Echazarreta, Alcaldía descartada, diputación federal en la mira.
La sucesión por Mérida comienza a moverse en el PRI: Lalo Alam Bentata perfila su candidatura, mientras los antecedentes políticos y judiciales de otros aspirantes pesan en el tablero tricolor
En el PRI yucateco todavía no hay candidaturas oficiales para el Ayuntamiento de Mérida, pero en los pasillos de la Casa del Pueblo ya comienzan a circular nombres, cálculos y aspiraciones. Como suele suceder en la política, el llamado radio pasillo anticipa disputas que la dirigencia todavía no reconoce públicamente. Y entre los nombres que se mencionan, uno destaca por su cercanía con la estructura electoral del partido: Eduardo Rodrigo, conocido como Lalo Alam Bentata.
Sin embargo, la conversación política no se limita a quién tiene mayores posibilidades de obtener la candidatura. También gira en torno a quién cuenta con estructura, trayectoria, credibilidad y condiciones para competir en una capital donde el PRI necesita algo más que nostalgia partidista para recuperar terreno.
Lalo Alam: la estructura como principal carta de presentación
Si la dirigencia priista pretende competir seriamente por Mérida, Lalo Alam Bentata parece tener argumentos que van más allá de la promoción personal. Su paso por la Secretaría de Acción Electoral y su actual responsabilidad en el área Jurídica y de Transparencia del Comité Directivo Estatal le han permitido mantener contacto con representantes, operadores y defensores del voto.
En una elección municipal cerrada, conocer la estructura electoral puede marcar diferencias. No basta con tener un nombre conocido o una trayectoria administrativa: hacen falta representantes capacitados, organización territorial, vigilancia de las casillas y capacidad para defender los votos obtenidos.
Alam cuenta, además, con formación jurídica y preparación en administración pública, políticas públicas, derechos humanos, mediación, negociación y derecho electoral. Su experiencia como representante priista ante autoridades electorales constituye un activo que podría resultar útil en una contienda competida.
Pero conviene no confundir preparación con popularidad. Una cosa es dominar los procedimientos electorales y otra muy distinta construir una candidatura que conecte con los ciudadanos. El PRI tendrá que demostrar que su posible abanderado puede transformar su conocimiento de la maquinaria partidista en respaldo social.
Porque Mérida no se gana únicamente con representantes de casilla. Se gana con propuestas, credibilidad, presencia en las colonias y una oposición capaz de ofrecer una alternativa convincente.
Rafael Jesús Pérez Zúñiga y Eloy Quiroz Ávila: dos cartas por valorar
En la lista de aspirantes también aparecen Rafael Jesús Pérez Zúñiga, secretario de Vinculación Empresarial y Emprendimiento del PRI estatal, y Eloy Quiroz Ávila, empresario y secretario general de la CNOP en Yucatán.
Ambos representan perfiles distintos que podrían entrar en la discusión interna. Pérez Zúñiga tiene un espacio de interlocución con sectores empresariales y emprendedores, mientras que Quiroz Ávila cuenta con una posición dentro de una de las organizaciones históricas del priismo.
No obstante, los cargos partidistas no garantizan candidaturas competitivas. La pregunta fundamental es cuánto respaldo ciudadano pueden acreditar, qué presencia territorial han construido y qué capacidad tendrían para integrar una propuesta de gobierno municipal.
En una elección como la de Mérida, donde el PRI enfrenta el desafío de reconstruir su competitividad, la dirigencia debería comparar a sus aspirantes con criterios verificables y no solamente a partir de lealtades internas, relaciones personales o acuerdos cupulares.
Si la selección termina siendo producto de negociaciones entre grupos, el partido podría repetir uno de los errores que históricamente han debilitado a las organizaciones políticas: privilegiar el equilibrio interno por encima de las posibilidades reales de triunfo.
Rafael Echazarreta: ¿alcaldía descartada y diputación en el horizonte?
El caso de Rafael Echazarreta Torres merece una lectura aparte.
El actual presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Mérida aparece mencionado en las conversaciones internas, aunque la versión que circula lo coloca más cerca de una eventual candidatura a diputación que de una nueva aspiración por la alcaldía.
Su trayectoria política ha transitado por distintas fuerzas partidistas. En 2018 fue aspirante a la alcaldía por el Partido Encuentro Social y en 2021 se registró como precandidato a ese mismo cargo por Morena. Posteriormente llegó al Congreso del Estado, donde formó parte de la LXIII Legislatura.
Su incorporación al priismo y su llegada a la dirigencia municipal abren interrogantes sobre el papel que podría desempeñar en el proceso de 2027. ¿Será el encargado de fortalecer la organización tricolor en Mérida? ¿Buscará una candidatura legislativa? ¿O todavía mantiene aspiraciones de competir por el Ayuntamiento?
Por ahora, no existe base suficiente para afirmar que esté formalmente impedido para contender por la alcaldía. La posibilidad de que sea postulado a una diputación es una versión que debe confirmarse, no una decisión consumada.
El asunto se vuelve más delicado por el antecedente judicial que se ha mencionado públicamente: en julio de 2025 habría sido detenido en relación con una acusación por presunto fraude por aproximadamente 12 millones de pesos, situación que la dirigencia estatal del PRI calificó, según la información referida, como una persecución política.
Aquí es indispensable separar los hechos de las interpretaciones. Una acusación no equivale a una sentencia condenatoria y una detención no demuestra por sí misma responsabilidad penal. Para determinar si existe algún impedimento jurídico para una candidatura sería necesario conocer el estado actual del procedimiento, las resoluciones judiciales correspondientes y las disposiciones electorales aplicables.
Por tanto, afirmar que Echazarreta está impedido legalmente sería prematuro sin esos elementos. Otra cuestión, muy diferente, es el costo político que un antecedente de esta naturaleza pudiera representar para el partido y para el propio aspirante.
En política, la elegibilidad jurídica y la viabilidad electoral no son lo mismo. Una persona puede reunir los requisitos legales para competir y, aun así, enfrentar cuestionamientos públicos que afecten su capacidad de atraer votos.
El verdadero problema del PRI no es solamente el candidato
La discusión por Mérida expone un desafío mayor para el priismo yucateco: reconstruir una identidad electoral propia.
Durante años, el partido contó con estructuras territoriales, liderazgos locales y capacidad de movilización. Hoy, esos activos deben demostrar que siguen siendo competitivos en un escenario político diferente, donde los ciudadanos valoran cada vez más los resultados de gobierno, la cercanía con las colonias y la capacidad de resolver problemas concretos.
La capital yucateca exige una propuesta seria sobre servicios públicos, movilidad, seguridad, crecimiento urbano, agua potable, mantenimiento de calles, desarrollo económico y atención ciudadana. Cualquier aspirante que pretenda gobernarla tendrá que explicar cómo resolvería esos problemas y con qué equipo lo haría.
En ese contexto, Lalo Alam podría tener una ventaja organizativa si efectivamente conserva vínculos sólidos con la estructura electoral. Pérez Zúñiga y Quiroz Ávila tendrían que demostrar su capacidad de convocatoria y posicionamiento. Echazarreta, por su parte, enfrenta el reto de aclarar el rumbo de su proyecto político y el papel que desempeñará dentro del partido.
Pero ninguna de esas posibilidades está definida.
El radio pasillo no sustituye a las decisiones oficiales
En la Casa del Pueblo pueden circular nombres, acuerdos y versiones sobre candidaturas. Sin embargo, mientras no exista una determinación formal de la dirigencia y se conozcan las reglas de selección, cualquier lista de aspirantes debe entenderse como una fotografía preliminar de las negociaciones internas.
El PRI tiene ante sí una decisión que podría marcar su futuro inmediato en Mérida: elegir a quien mejor represente los intereses de sus grupos o a quien realmente tenga posibilidades de construir una candidatura competitiva.
La diferencia no es menor.
Si el partido privilegia la estructura electoral, Lalo Alam aparece como un perfil que merece ser examinado. Si busca una candidatura con mayor conexión empresarial o social, tendrá que evaluar seriamente las fortalezas de los demás aspirantes. Y si considera impulsar a Echazarreta hacia una diputación, deberá hacerlo con claridad política y sin confundir las versiones sobre su futuro con una supuesta inhabilitación jurídica.
Al final, la candidatura no debería decidirse por quién tiene más cercanía con la dirigencia, sino por quién puede demostrar mayor respaldo ciudadano, capacidad de organización y una propuesta creíble para gobernar Mérida.
Porque una cosa es ser el favorito en los pasillos de la Casa del Pueblo y otra muy distinta convertirse en una opción real para los meridanos.
Por ahora, la alcaldía sigue en el terreno de las aspiraciones. Las candidaturas oficiales todavía no existen y el radio pasillo continúa haciendo su trabajo. La pregunta que queda en el aire es si el PRI elegirá a su mejor candidato o si volverá a confundir los acuerdos internos con la voluntad de los electores.
Editorial de análisis político. Las referencias a posibles candidaturas y negociaciones internas corresponden a versiones no confirmadas; cualquier valoración sobre impedimentos legales requiere documentación judicial y electoral actualizada.
PRI Yucatán
Gaspar Quintal
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