La historia política de Rogelio Castro Vázquez no es la de un liderazgo construido en la calle ni en la gestión eficaz, sino la de un ascenso impulsado por coyunturas, lealtades convenientes y silencios oportunos. Originario de Quintana Roo y formado como licenciado en Educación en Yucatán, Castro ejerció como maestro en distintos municipios del estado, sin que esa etapa dejara mayor huella pública. Su verdadero salto no fue pedagógico ni social, sino político.
En 2014 se suma al naciente movimiento de Morena, cuando todavía era un proyecto en construcción y no una maquinaria electoral consolidada. Esa decisión —más estratégica que ideológica— le abrió una puerta que difícilmente habría imaginado: una diputación federal plurinominal por Yucatán para el periodo 2015-2017. Llegó sin territorio propio, sin respaldo ciudadano directo y, sobre todo, sin resultados que justificaran el cargo.
Su paso por la Cámara de Diputados fue, por decirlo suavemente, gris. Integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, su desempeño contrastó con el nombre de la comisión: ni iniciativas relevantes, ni posicionamientos firmes, ni combate visible a prácticas que luego lo alcanzarían. El silencio legislativo fue su principal aportación.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia en diciembre de 2018, Rogelio Castro fue premiado con la Secretaría General del Infonavit. Ahí comenzó el verdadero problema. Su gestión estuvo marcada por señalamientos reiterados de corrupción, vínculos con empresas constructoras que entregaron viviendas de pésima calidad y un cúmulo de denuncias mediáticas. En Yucatán, las oficinas del Infonavit llegaron a ser cerradas en varias ocasiones por protestas ciudadanas, mientras diversos medios documentaban presuntos desvíos superiores a 87 millones de pesos.
A estos señalamientos administrativos se sumaron escándalos personales: denuncias públicas de exparejas que lo acusaron de acoso, audios difundidos en medios y una narrativa que terminó por volver insostenible su permanencia en el cargo. No se fue por resultados cumplidos, sino por desgaste político.
Más tarde, intentó reinventarse como aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Yucatán. No llegó lejos. Eventualmente declinó a favor de Joaquín Díaz Mena, quien también había dejado la Delegación de Programas de Bienestar. La lealtad tuvo premio: tras ganar la gubernatura, Díaz Mena lo nombró delegado de los Programas de Bienestar en Yucatán.
El cargo no es menor. Para 2026, el propio gobierno estatal anunció una inversión histórica superior a 66 mil millones de pesos, en coordinación con el gobierno federal. Bienestar Yucatán administra programas sensibles y estratégicos: pensión para adultos mayores, apoyos a personas con discapacidad, becas Benito Juárez, Sembrando Vida, entre otros. Todos con reglas federales, sí, pero con una operación territorial que tiene un enorme peso político.
Hoy, la salida de Rogelio Castro de esa delegación deja más preguntas que respuestas. No está claro si renunció para buscar una diputación federal o local, o si fue separado del cargo por convertirse en un posible factor de discordia interna rumbo a 2027. Lo cierto es que, en un año preelectoral, no le conviene a nadie que una sola persona concentre el manejo de tantos recursos sociales con potencial de convertirse en moneda de cambio político.
La política no se mueve por gratitud ni por principios inquebrantables. Se mueve por alianzas temporales y beneficios personales. Rogelio Castro Vázquez es un ejemplo claro de ello: un actor que ha sabido colocarse en el lugar correcto, en el momento adecuado, pero cuyos antecedentes obligan a preguntarse si el poder que ha detentado ha servido al pueblo… o solo a su propio proyecto político.