Lo ocurrido el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, no debería sorprender a nadie. Las pintas en monumentos, edificios públicos y calles de la ciudad no son simple vandalismo, como algunos quieren reducirlo. Son, en realidad, las firmas de miles de mujeres que no han recibido justicia.
Cada trazo, cada consigna escrita con rabia en los muros, representa una denuncia ignorada, un expediente olvidado en un escritorio ministerial, una investigación que nunca avanzó. Son el reflejo de un sistema que ha fallado de manera sistemática a quienes más deberían ser protegidas.
Las autoridades lo saben. Y aun así, no han hecho lo suficiente.
Desde que asumieron sus cargos, tanto la alcaldesa de Cecilia Patrón Laviada en el Ayuntamiento de Mérida, como el gobernador Joaquín Díaz Mena al frente del Gobierno de Yucatán, han tenido la oportunidad histórica de enfrentar con seriedad la crisis de violencia y de impunidad que viven miles de mujeres.
Pero lo que se observa es lo de siempre: discursos, eventos, campañas simbólicas y nuevas leyes, mientras en la realidad cotidiana las denuncias se acumulan y la justicia no llega.
Las mujeres no necesitan más conferencias ni más discursos institucionales. Necesitan resultados.
No se trata solamente de crear leyes para “protegerlas”. México está lleno de leyes que en papel parecen ejemplares. El verdadero problema es que no existen políticas públicas eficaces, ni protocolos que funcionen, ni ministerios públicos que investiguen con seriedad y rapidez.
Las víctimas siguen enfrentándose a un aparato burocrático lento, indiferente y muchas veces revictimizante. El tortuguismo institucional se ha convertido en la norma.
Por eso las marchas crecen.
Por eso la rabia aumenta.
Por eso los muros hablan.
Las pintas del 8 de marzo no desaparecerán mientras la impunidad siga intacta. Cada año volverán. Y cada año serán más.
Porque mientras las autoridades se preocupan más por limpiar paredes que por limpiar la corrupción y la negligencia dentro de las instituciones, el mensaje que reciben las víctimas es claro: están solas.
La responsabilidad política es directa.
La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada y el gobernador Joaquín Díaz Mena no pueden seguir actuando como simples espectadores de un problema que exige liderazgo, presupuesto, investigación y resultados concretos.
Y hay una verdad incómoda que muchos ciudadanos comentan en voz baja: si una agresión de este tipo ocurriera contra una mujer cercana a las familias del poder, contra una hija, una hermana o una esposa de quienes gobiernan, la investigación se movería con una velocidad que hoy no existe para las demás mujeres de Yucatán.
Esa es la raíz de la indignación social.
La justicia no puede depender del apellido, del poder o de la cercanía con el gobierno.
Mientras eso no cambie, los muros seguirán siendo el expediente público de la impunidad.
Y cada pinta será el recordatorio de que el Estado ha fallado.